¿La información espacial tiene precio?
Durante muchos años la información espacial disponible en formato digital únicamente procedía de dos fuentes: 1) las instituciones públicas como el IGN o el Servicio Geográfico del Ejército y 2) los topógrafos.En el primer caso los gestores institucionales tenían la pretensión de costear los trabajos mediante la venta de datos, (nunca lo consiguieron), y en el segundo caso, lógicamente, los topógrafos viven de su trabajo, tanto más cuando se utilizaban vuelos, cámaras, dispositivos y restituidores, muy sofisticados y de alto coste de adquisición y mantenimiento. En ambos casos la información se refería a cartografía clásica, muy raramente había información temática disponible.
Pero hoy ya no estamos en la misma situación. Las instituciones públicas han asumido que la información espacial es un bien público y como tal no puede tener precio de venta. Además, las tecnologías de drones y de inteligencia artificial están en camino de aportar cartografía vectorial correcta a muy bajo coste. Los sistemas de geoposicionamiento van a alcanzar tal grado de precisión que con dispositivos de muy bajo coste será posible obtener cartografía aceptable. La calidad de las plataformas de ortofotografía global y los vuelos nacionales o locales de alta resolución ya permiten que muchas tareas de producción de proyectos y análisis se realicen directamente sobre ellas. Y por último las plataformas colaborativas como OSM proporcionan cartografía vectorial que en muchos casos tiene más calidad que las creadas por las oficinas cartográficas convencionales.
A todo ello se añade que la producción de cartografía temática también ha cambiado, la información sobre el subsuelo, la ocupación del suelo, el clima, la vegetación y la fauna, los espacios protegidos, las delimitaciones administrativas, los datos demográficos y socioeconómicos, la planificación urbanística… y decenas de aspectos territoriales más, también han pasado a ser información gratuita y accesible. Bien como conjuntos de datos descargables, bien como servicios WMS de imagen.
Las administraciones públicas nacionales, transnacionales y mundiales, consumidoras voraces de información territorial, han puesto en marcha toda clase de proyectos, agencias e instituciones especializadas en producir y difundir información espacial. Las políticas de Transparencia y Datos Abiertos, las Infraestructutas de Datos Espaciales y los servicios Internet están proporcionando un ambiente de big data que contrasta muy positivamente con la penuria informativa en la nos teníamos que mover hasta hace pocos años.
¿Quiere esto decir que la información espacial debe ser siempre gratuita?. Por supuesto que no, veamos en qué casos debe tener un precio:
Información obtenida con fondos públicos: siempre debe ser gratuita. La administración pública, si invierte dinero en construir información espacial, es porque estima que tiene interés público y que puede ayudar al mejor funcionamiento o desarrollo de su territorio o de su ámbito funcional. En este caso se incluyen las cartografías, las ortofotografías o los mapas temáticos producidos por organismos oficiales. Si los organismos públicos invierten en información inútil, tendrán que asumir las consecuencias de derrochar recursos, de la misma forma que cuando construyen infraestructura innecesaria o encargan trabajos sin utilidad.
Información obtenida con fondos privados: será decisión de su propietario establecer las políticas de acceso, uso y licenciamiento de su información. Será legítimo que el propietario obtenga un beneficio por su venta. Eso sí, como con cualquier otro producto comercial, tendrá que estimar si la demanda y el precio compensan el coste de construcción. En este caso se incluyen las plataformas globales como Google, Bing o Here con sus roadmaps, mapas satelitales o mapas de tráfico.Aparentemente gratuitos pero que generan enormes ingresos indirectos.
Información obtenida mediante colaboración desinteresada: naturalmente será gratuita ,ya que normalmente los colaboradores aportan su trabajo personal bajo esa premisa. Este es el caso de OSM.
Información obtenida por colaboración forzada: se produce cuando una administración pública exige que la información procedente de sus administrados esté en formato digital. En este caso el coste de producción del dato recae en el administrado, pero una vez entregado a la administración pasa a ser un dato público. En este caso estarán todos los proyectos de planificación, gestión de derechos, proyectos de edificación, proyectos de urbanización… en definitiva todos los proyectos de transformación territorial sujetos a autorización administrativa.
¿Que pasa cuando la administración pública no actúa?
En otras entradas de este blog ya indico que la inacción de la administración pública en crear y publicar información espacial de su competencia, facilita la creación de nichos de oportunidad para que las empresas privadas inviertan en crear y vender datos. En primer lugar las grandes plataformas globales, aunque su valor añadido no suele radicar en la calidad de sus datos sino precisamente en su carácter global. Como sus datos provienen de los primeros sistemas de enrutamiento, lo habitual es que solo contengan la malla viaria formada por los ejes con sentidos de marcha y los giros. La cartografía que nos muestran con viarios poligonales en realidad es un constructo al vuelo que nada tiene que ver con la morfología real del sistema viario. Es curioso cómo la adición posterior de edificación y espacios poligonales a ese esqueleto viario, ha servido para definir mucho mejor la morfología real de la vía, pero sigue conservando su aspecto esquelético y por supuesto nunca llegan a aspectos como el espacio peatonal o el mobiliario urbano.
También intervienen empresas locales que aprovechan la inacción pública para invertir en aspectos temáticos, en España este es el caso de las Infraestructuras locales o de la planificación urbanística, construidos en muchos casos con la anuencia y la colaboración de los propios organismos públicos que de esa forma se quitan la obligación de recabar y publicar esos datos, simplificando su labor gestora, aún a sabiendas que las empresas involucradas obtendrán beneficio por vender una información que per se es de carácter público.
La conclusión es que la inmensa mayoría de la información espacial de un territorio es, o debe ser, pública y que si las administraciones públicas no tienen la capacidad o no quieren involucrarse en su construcción y difusión tendrán que habilitar los procedimientos de colaboración voluntaria o forzada que aseguren el mantenimiento actualizado y la calidad de la información espacial. Porque esa información es un recurso vital para la correcta planificación, control del desarrollo y selección de oportunidades de actividad inmobiliaria, de comercio, de ocio o de equipamiento territorial. A esa tarea se suma urbiThings proporcionando una plataforma de búsqueda y creación de datos basada en la colaboración.
